En su intervención, Gallego instó a la Consejería de Educación a prestar una mayor atención a los estudiantes con discapacidad para garantizar que puedan ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones que el resto de los alumnos. "Necesitamos acciones realmente transversales, ya que la problemática de las personas con discapacidad abarcar todas las áreas, no sólo el área específica de las políticas sociales", subrayó la presidenta del CERMI Comunidad de Madrid.

 

Gallego también consideró imprescindible que las autoridades regionales cuenten con el sector de la discapacidad para definir las acciones y medidas a desarrollar en el plano educativo, así como los posibles cambios normativos que puedan aplicarse. En este sentido, Mayte Gallego insistió en la necesidad de que el CERMI Comunidad de Madrid participe de forma directa en el desarrollo a nivel autonómico de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y pidió también un lugar en el Consejo Escolar.

 

 

Asimismo, instó al Gobierno regional a incluir los asuntos específicos de las mujeres y las niñas con discapacidad en las políticas de mujer, especialmente en lo relativo a la violencia y el abuso, a la maternidad y a los derechos sexuales y reproductivos. "Lo que pedimos es la incorporación de indicadores de discapacidad en la recogida de datos y estadísticas sobre violencia de género y, sobre todo, conseguir la derogación del artículo 156 del Código Civil, para que la esterilización forzosa no se siga practicando", indicó.

 

Mayte Gallego hizo también un repaso del estado de algunas normas. Respecto a la Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid, criticó que, quince años después de la aprobación de su reglamento sancionador, "no se haya acometido ninguna sanción económica, no tanto por su aspecto recaudatorio, sino por el carácter aleccionador que tendría para el resto". Del mismo modo, reclamó la armonización de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia con la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, incidiendo en aquellas medidas que resuelvan las necesidades de cada persona.